El conflicto universitario escala tras el fracaso de la paritaria y la presentación del proyecto de presupuesto para el próximo año. Mientras el Ejecutivo asigna partidas por debajo de lo exigido por la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes y rectores ratifican planes de lucha y evalúan una masiva movilización.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas profundizó su tensión este jueves tras el fracaso de una nueva reunión paritaria. La Secretaría de Educación ratificó su oferta de un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, rechazada de plano por los sindicatos docentes y no docentes, quienes exigían una recomposición salarial del 32,5% para recuperar el poder adquisitivo perdido. Este escenario de colisión salarial coincide con el ingreso al Congreso del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2027, el cual destina poco más de $7,4 billones para el sector, una cifra muy distante de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la ley vigente.
Una brecha presupuestaria que judicializa la disputa
La presentación del proyecto oficial generó un fuerte rechazo en el ámbito académico, ya que el monto asignado por el oficialismo representa una diferencia de $3,6 billones menos de lo que estipula la normativa. A diferencia del año anterior, el texto enviado al Parlamento omite la derogación explícita de la Ley de Financiamiento Universitario, apostando a una estrategia de derogación tácita mediante la cual el Congreso convalidaría el recorte al aprobar las partidas. Sin embargo, los rectores insisten en que los fondos son insuficientes no solo para salarios, que absorben cerca del 90% de los recursos, sino también para sostener ciencia, infraestructura, becas Progresar y hospitales universitarios, elevando la necesidad total a unos $18 billones.
Paritaria cerrada y rumbo a la quinta marcha nacional
Ante la negativa oficial de convalidar los pedidos salariales y los magros ofrecimientos en el Palacio Pizzurno, los gremios endurecieron su postura. Tras finalizar los encuentros paritarios, las agrupaciones sindicales comenzaron a diagramar un nuevo plan de acción que incluirá medidas de fuerza y la convocatoria a una quinta marcha nacional universitaria para las próximas semanas. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que el presupuesto contempla la inflación proyectada y medidas cautelares vigentes dictadas por la Justicia, mientras que los rectores advierten que la falta de financiamiento pone en riesgo el normal desarrollo del próximo ciclo lectivo en todo el país.
