Tras casi siete décadas de impunidad y lucha sostenida por familiares y sobrevivientes, la Justicia ha dado un paso fundamental: el reconocimiento de los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos en junio de 1956 durante la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”, como crímenes de lesa humanidad.
La sentencia del Juicio por la Verdad no solo reconstruye la mecánica de los asesinatos de militantes peronistas detenidos ilegalmente, sino que sienta un precedente legal y ético sobre la responsabilidad institucional y la planificación de la represión estatal en nuestro país.
El impacto de este fallo trasciende el ámbito judicial. El Concejo Deliberante de General San Martín declaró de Interés Legislativo la resolución del Juzgado Federal N°2, reconociendo el valor de una búsqueda de verdad que nunca claudicó. Este reconocimiento institucional es, en esencia, un acto de reparación histórica para un territorio, José León Suárez, que quedó marcado para siempre por la tragedia. La labor de los abogados querellantes ha sido central para mantener viva esta causa, haciendo de la memoria una herramienta activa contra el olvido.
Sobre el valor del camino recorrido tras décadas de lucha, hablamos con Alberto “Pepe” Palacios, quien destacó la importancia de la sentencia:
“La declaración de lesa humanidad nosotros la pedimos en un primer momento cuando hicimos la denuncia. Consideramos que estos hechos trascienden el dolor de las víctimas y de sus familiares. No solamente fue un ataque a ellos, sino que fue un ataque a todo el pueblo argentino, a todo el pueblo peronista en particular, porque sin duda estos hechos de 9 y 10 de junio de 1956 no pueden quedar al margen de los otros hechos de terrorismo de Estado que cometieron estos criminales que se empoderaron del poder en el 55. Y que sean de lesa humanidad, hacen, y eso lo ha hecho la sentencia, en definitiva, reconocer, que sean imprescriptibles, es decir, que su juzgamiento pueda ser llevado adelante sin importar el transcurso del tiempo. Por eso que después de 70 años podemos hacerlo y se pudo juzgar. Todos los imputados fallecieron, no se le impuso una pena de cumplimiento efectivo, pero la pena quedó escrita en la sentencia hubiera sido de prisión perpetua, de cumplimiento efectivo y de cárcel común para cada uno de ellos”
Posteriormente, tras recibir el reconocimiento en el Concejo Deliberante, Palacios reflexionó sobre el significado de que el Estado, a través de sus instituciones locales, valide la verdad de los hechos:
“Que el Consejo Deliberante de San Martín haya declarado interés legislativo la sentencia que se dictó este lunes pasado por los fusilamientos de José León Suarez es algo muy importante, no solo para nosotros, para los familiares y para toda la comunidad de San
Martín, porque que esa sentencia, otro poder del Estado, en este caso el órgano legislativo de la Constitución, incorporen de interés legislativo provincial o municipal, como ha sido en este caso el Consejo Deliberante de San Martín, la sentencia tiene un efecto institucional enorme, sin duda, y un impacto a nivel comunitario”
Este capítulo judicial no es el final de la historia, sino un eslabón necesario para sostener el compromiso colectivo por el Nunca Más.
